lunes, 13 de noviembre de 2017

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PERSONALES EN MATERIA  CIVIL QUE NO TENGAN SEÑALADO UN PLAZO ESPECIAL
La Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, da nueva redacción al artículo 1964 del Código Civil, lo que tiene una especial transcendencia en materia de plazo de prescripción de las acciones personales que no tengan asignado un plazo específico en el Código Civil.


En la redacción anterior del artículo 1964 del Código Civil,  se establecía:
Las acciones hipotecarias prescriben a los 20 años y las personales que no tengan señalado termino especial de prescripción a  los 15.

En la redacción vigente del artículo 1964 del Código Civil, se establece:
1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.
2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.

Una reducción del plazo de prescripción, en garantía de los deudores
Con fecha 6 de octubre de 2015 se ha publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Entre otras cosas, a través de su Disposición Final Primera, esta Ley modifica el artículo 1964 del Código Civil (por primera vez desde su aprobación en el S. XIX) para reducir a cinco años el plazo de prescripción para el ejercicio de acciones personales que no tuvieran previsto un plazo especial – frente al plazo de quince años anterior a esta modificación. Asimismo, se aclara que el cómputo de este plazo de prescripción empieza a computarse desde el momento en que se pudiera exigir el cumplimiento de la obligación incumplida y que, en el caso de obligaciones “continuadas” o de tracto sucesivo, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.
Esta modificación entró en vigor el 7 de octubre de 2015, debiendo aplicarse conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 42/2015, que se remite al artículo 1939 del Código Civil, en cuya virtud debe entenderse que la prescripción iniciada antes de la referida entrada en vigor, se regirá por la regla anterior (quince años), si bien si desde dicha entrada en vigor transcurriese todo el plazo requerido por la nueva norma (cinco años), la prescripción surtirá efecto. Es decir, la prescripción iniciada antes del 7 de octubre de 2015 surtirá efecto cuando se alcance antes o bien el quinto aniversario de dicha entrada en vigor o bien la fecha en la que finalice el plazo de quince años desde su inicio.

También destacar que este régimen de transitoriedad desaparecerá a los 5 años de la reforma, esto es, a partir del 7 de octubre de 2020, ya que a partir de esta fecha regirá el nuevo plazo, al absolver los cómputos de plazos anteriores a la misma. 


Un ejemplo, para entenderlo del régimen de transitoriedad 

Una deuda que tenía que atenderse el 1 de abril de 2010 y no tiene un plazo especial, a tenor de la redacción anterior del artículo 1964 del Cº civil, prescribiría el 1 de abril de 2025 (a los 15 años); con la redacción actual del mismo artículo que entró en vigor el 7 de octubre de 2015 lo sería el 7 de octubre de 2020 (transcurso de 5 años desde la entrada en vigor de la reforma del artículo 1964), como es más breve este segundo plazo la prescripción se produce el 7 de octubre de 2020.  

Observe la incidencia que tiene esta reforma en el cómputo de la prescripción, que puede afectar de una forma importante a relaciones jurídicas nacidas antes de la reforma.


¿Tiene dudas de cómo computar el plazo de prescripción? Puede contactar con nosotros:
















domingo, 5 de noviembre de 2017


ACTUALIDAD LEGISLATIVA:


LA ÚLTIMA REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA

 REFUERZA LA POSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES

 ANTE LA BANCA


El proyecto de Ley denominado “Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario” ha sido aprobado por el Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2017. Ahora será sometido a la normal aprobación parlamentaria, por lo que aún no está en vigor.



El Consejo de Ministros celebrado el pasado 3 de noviembre aprobaba el proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, que será remitido al Congreso de los Diputados para poner en marcha la tramitación parlamentaria.

La ley de reforma hipotecaria tiene dos partes. La primera es la transposición de una directiva europea, a la que se unen una serie de medidas en las que se va más allá de las indicaciones comunitarias, según explicó el Ministerio de Economía cuando se presentó el primer borrador del anteproyecto.

En cuanto a la transposición de la directiva, ésta sólo se aplica a personas físicas particulares, aunque desde el Ministerio se propone que se extienda también a aquellas que realizan actividades empresariales, es decir, autónomos.

La parte de la ley que se refiere a la transposición de la directiva recoge tres aspectos: normas de conducta, normas de protección del deudor hipotecario y regulación de los intermediarios financieros.

En cuanto a las normas de conducta, se busca que quienes intervengan en el mercado hipotecario tengan "capacitación y profesionalización", con el fin de "prestar toda la información que requiere el prestatario y evaluar su solvencia".

Además, se eliminarán determinados incentivos para el profesional del banco que estuvieran vinculados a captar hipotecas y se prohíben operaciones vinculadas, como tener que adquirir otros productos.
En este último punto se encuentra la excepción de que "se consideren que son beneficiosas para el prestatario" y tenga el visto bueno del Banco de España.

Por otra parte, se abordan una serie de normas de protección del deudor hipotecario, con referencias a la posibilidad de amortización anticipada de la hipoteca, ya que se va a permitir que se haga en cualquier momento durante la vida del contrato y limitar la retribución que pueda percibir el banco, y a facilitar convertir a euros prestamos en divisas extranjeras.

En lo que se refiere a la regulación de los intermediarios financieros, habrá una supervisión "constante" a quienes dan préstamos, con control del Banco de España o de las comunidades autónomas.

Control de los gastos y comisiones que se cobren

 Se revisa también la comisión de cancelación para los préstamos a tipo variable, que será cero a partir del quinto o del tercer año de vigencia del contrato, en función de lo que se hubiera pactado. En el primer caso (cinco años), el límite será del 0,25% del capital desembolsado anticipadamente durante los cinco primeros años. En el segundo (tres años) será del 0,50% durante los tres primeros años. En la actualidad, estos porcentajes son del 0,50% en los cinco primeros años o del 0,25% después.


Reforzar la información y garantías del consumidor desde el momento mismo de las gestiones y negociaciones precontractuales

Una segunda parte, esta ley recoge una serie de medidas, que en palabras del Ministerio de Economía, pretende ir "más allá de lo que va la directiva" comunitaria, y que recoge aspectos precontractuales, vinculadas a la firma del contrato y a la ejecución del mismo.

En las medidas precontractuales, el cliente tendrá que recibir por parte del banco la ficha de información normalizada y otra con advertencias estandarizaras "con las cláusulas que puedan ser potencialmente más peligrosas".

Además, se tendrá que informar al cliente de las estimaciones con diversos escenarios en casos de tipos variables e información desglosada sobre los gastos.

En lo que se refiere a quién tiene que asumir algunos gastos relacionados con el contrato hipotecario, en el mismo se ha de "decir con absoluta claridad quién tiene que asumir cada gasto".

Antes de firmar el contrato, el notario ha de realizar una comprobación de que el cliente ha recibido y entendido toda esa información, y lo hará constar en un acta junto a la firma del propio prestatario. Este procedimiento será gratuito.

Mientras, en las medidas vinculadas a la firma del contrato, se establece que no se podrán firmar hipotecas si no se ha cumplido todo lo anterior y se "refuerza" el régimen sancionador de notarios y registradores para que no autoricen contratos que no cumplan las condiciones.

Refuerzo de las medidas de ejecución hipotecaria

Por último, en las medidas vinculadas a la ejecución del contrato se hace referencia al vencimiento anticipado, los intereses de demora (éstos serán tres veces el interés legal del dinero) y el paso del tipo variable a fijo a un menor coste.

En el caso del vencimiento anticipado, el banco no podrá ejecutar la hipoteca cuando se produzcan tres meses de impago, sino que se eleva el umbral. En concreto, se divide el periodo del contrato en dos y en la primera se procederá al vencimiento anticipado si se impaga el 2% del total concedido y en la segunda se sube al 4%, independientemente del número de cuotas impagadas.

En el texto del proyecto de ley se establece que se impulsará un contrato tipo, que recoja una serie de cláusulas y cuestiones y al que las partes se podrán unir de manera voluntaria. En la norma se habilitará para que se haga este contrato tipo en un desarrollo reglamentario de la ley.