lunes, 13 de noviembre de 2017

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PERSONALES EN MATERIA  CIVIL QUE NO TENGAN SEÑALADO UN PLAZO ESPECIAL
La Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, da nueva redacción al artículo 1964 del Código Civil, lo que tiene una especial transcendencia en materia de plazo de prescripción de las acciones personales que no tengan asignado un plazo específico en el Código Civil.


En la redacción anterior del artículo 1964 del Código Civil,  se establecía:
Las acciones hipotecarias prescriben a los 20 años y las personales que no tengan señalado termino especial de prescripción a  los 15.

En la redacción vigente del artículo 1964 del Código Civil, se establece:
1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.
2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.

Una reducción del plazo de prescripción, en garantía de los deudores
Con fecha 6 de octubre de 2015 se ha publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Entre otras cosas, a través de su Disposición Final Primera, esta Ley modifica el artículo 1964 del Código Civil (por primera vez desde su aprobación en el S. XIX) para reducir a cinco años el plazo de prescripción para el ejercicio de acciones personales que no tuvieran previsto un plazo especial – frente al plazo de quince años anterior a esta modificación. Asimismo, se aclara que el cómputo de este plazo de prescripción empieza a computarse desde el momento en que se pudiera exigir el cumplimiento de la obligación incumplida y que, en el caso de obligaciones “continuadas” o de tracto sucesivo, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.
Esta modificación entró en vigor el 7 de octubre de 2015, debiendo aplicarse conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 42/2015, que se remite al artículo 1939 del Código Civil, en cuya virtud debe entenderse que la prescripción iniciada antes de la referida entrada en vigor, se regirá por la regla anterior (quince años), si bien si desde dicha entrada en vigor transcurriese todo el plazo requerido por la nueva norma (cinco años), la prescripción surtirá efecto. Es decir, la prescripción iniciada antes del 7 de octubre de 2015 surtirá efecto cuando se alcance antes o bien el quinto aniversario de dicha entrada en vigor o bien la fecha en la que finalice el plazo de quince años desde su inicio.

También destacar que este régimen de transitoriedad desaparecerá a los 5 años de la reforma, esto es, a partir del 7 de octubre de 2020, ya que a partir de esta fecha regirá el nuevo plazo, al absolver los cómputos de plazos anteriores a la misma. 


Un ejemplo, para entenderlo del régimen de transitoriedad 

Una deuda que tenía que atenderse el 1 de abril de 2010 y no tiene un plazo especial, a tenor de la redacción anterior del artículo 1964 del Cº civil, prescribiría el 1 de abril de 2025 (a los 15 años); con la redacción actual del mismo artículo que entró en vigor el 7 de octubre de 2015 lo sería el 7 de octubre de 2020 (transcurso de 5 años desde la entrada en vigor de la reforma del artículo 1964), como es más breve este segundo plazo la prescripción se produce el 7 de octubre de 2020.  

Observe la incidencia que tiene esta reforma en el cómputo de la prescripción, que puede afectar de una forma importante a relaciones jurídicas nacidas antes de la reforma.


¿Tiene dudas de cómo computar el plazo de prescripción? Puede contactar con nosotros:
















domingo, 5 de noviembre de 2017


ACTUALIDAD LEGISLATIVA:


LA ÚLTIMA REFORMA DE LA LEY HIPOTECARIA

 REFUERZA LA POSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES

 ANTE LA BANCA


El proyecto de Ley denominado “Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario” ha sido aprobado por el Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2017. Ahora será sometido a la normal aprobación parlamentaria, por lo que aún no está en vigor.



El Consejo de Ministros celebrado el pasado 3 de noviembre aprobaba el proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, que será remitido al Congreso de los Diputados para poner en marcha la tramitación parlamentaria.

La ley de reforma hipotecaria tiene dos partes. La primera es la transposición de una directiva europea, a la que se unen una serie de medidas en las que se va más allá de las indicaciones comunitarias, según explicó el Ministerio de Economía cuando se presentó el primer borrador del anteproyecto.

En cuanto a la transposición de la directiva, ésta sólo se aplica a personas físicas particulares, aunque desde el Ministerio se propone que se extienda también a aquellas que realizan actividades empresariales, es decir, autónomos.

La parte de la ley que se refiere a la transposición de la directiva recoge tres aspectos: normas de conducta, normas de protección del deudor hipotecario y regulación de los intermediarios financieros.

En cuanto a las normas de conducta, se busca que quienes intervengan en el mercado hipotecario tengan "capacitación y profesionalización", con el fin de "prestar toda la información que requiere el prestatario y evaluar su solvencia".

Además, se eliminarán determinados incentivos para el profesional del banco que estuvieran vinculados a captar hipotecas y se prohíben operaciones vinculadas, como tener que adquirir otros productos.
En este último punto se encuentra la excepción de que "se consideren que son beneficiosas para el prestatario" y tenga el visto bueno del Banco de España.

Por otra parte, se abordan una serie de normas de protección del deudor hipotecario, con referencias a la posibilidad de amortización anticipada de la hipoteca, ya que se va a permitir que se haga en cualquier momento durante la vida del contrato y limitar la retribución que pueda percibir el banco, y a facilitar convertir a euros prestamos en divisas extranjeras.

En lo que se refiere a la regulación de los intermediarios financieros, habrá una supervisión "constante" a quienes dan préstamos, con control del Banco de España o de las comunidades autónomas.

Control de los gastos y comisiones que se cobren

 Se revisa también la comisión de cancelación para los préstamos a tipo variable, que será cero a partir del quinto o del tercer año de vigencia del contrato, en función de lo que se hubiera pactado. En el primer caso (cinco años), el límite será del 0,25% del capital desembolsado anticipadamente durante los cinco primeros años. En el segundo (tres años) será del 0,50% durante los tres primeros años. En la actualidad, estos porcentajes son del 0,50% en los cinco primeros años o del 0,25% después.


Reforzar la información y garantías del consumidor desde el momento mismo de las gestiones y negociaciones precontractuales

Una segunda parte, esta ley recoge una serie de medidas, que en palabras del Ministerio de Economía, pretende ir "más allá de lo que va la directiva" comunitaria, y que recoge aspectos precontractuales, vinculadas a la firma del contrato y a la ejecución del mismo.

En las medidas precontractuales, el cliente tendrá que recibir por parte del banco la ficha de información normalizada y otra con advertencias estandarizaras "con las cláusulas que puedan ser potencialmente más peligrosas".

Además, se tendrá que informar al cliente de las estimaciones con diversos escenarios en casos de tipos variables e información desglosada sobre los gastos.

En lo que se refiere a quién tiene que asumir algunos gastos relacionados con el contrato hipotecario, en el mismo se ha de "decir con absoluta claridad quién tiene que asumir cada gasto".

Antes de firmar el contrato, el notario ha de realizar una comprobación de que el cliente ha recibido y entendido toda esa información, y lo hará constar en un acta junto a la firma del propio prestatario. Este procedimiento será gratuito.

Mientras, en las medidas vinculadas a la firma del contrato, se establece que no se podrán firmar hipotecas si no se ha cumplido todo lo anterior y se "refuerza" el régimen sancionador de notarios y registradores para que no autoricen contratos que no cumplan las condiciones.

Refuerzo de las medidas de ejecución hipotecaria

Por último, en las medidas vinculadas a la ejecución del contrato se hace referencia al vencimiento anticipado, los intereses de demora (éstos serán tres veces el interés legal del dinero) y el paso del tipo variable a fijo a un menor coste.

En el caso del vencimiento anticipado, el banco no podrá ejecutar la hipoteca cuando se produzcan tres meses de impago, sino que se eleva el umbral. En concreto, se divide el periodo del contrato en dos y en la primera se procederá al vencimiento anticipado si se impaga el 2% del total concedido y en la segunda se sube al 4%, independientemente del número de cuotas impagadas.

En el texto del proyecto de ley se establece que se impulsará un contrato tipo, que recoja una serie de cláusulas y cuestiones y al que las partes se podrán unir de manera voluntaria. En la norma se habilitará para que se haga este contrato tipo en un desarrollo reglamentario de la ley.




jueves, 29 de enero de 2015

LA INCIDENCIA DEL USO DEL VENENO EN LA BIODIVERSIDAD ANIMAL
Por José Ángel Rodríguez Sánchez*

 Cadáver de un búho campestre, también llamado lechuza campestre (Asio flammeus) envenenado.

La condena en enero de 2010 a un ganadero de Castril (Granada) a 18 meses de cárcel por el ilícito uso de veneno, que empleaba para matar alimañas que molestaban y mataban a su ganado, concretamente zorras, según consta en sus declaraciones, y que indirectamente supuso la muerte por envenenamiento de  un quebrantahuesos  (Gypaetus barbatus) una especie incluida en el anexo I (apartado B, fauna, apartado 4 de aves) del Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, ratificado por la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestre, como especie catalogada “en peligro de extinción”, nos ha puesto en alerta -una vez más- de la nociva incidencia que el uso de veneno puede tener en otras especies silvestres, diferentes a la que se quiere eliminar, y es que cuando se coloca en el medio natural un cebo envenenado no puede controlarse cuál va a ser el consumidor final del mismo y potencialmente puede serlo desde un carnívoro a una rapaz o a un ave carroñera o necrófaga, como fue en este caso el quebrantahuesos conocido como “Segura”, pasando por otras especies animales que tienen una amplitud de hábitos alimenticios como el jabalí o la propia liebre, que no rechazan en su dieta el consumo de cadáveres además de los perros, de caza o perros de los propios pastores, y que frecuentemente son encontrados muertos por la ingesta accidental del tóxico. Todo ello agravado de con el hecho de que al pasar en veneno a la cadena trófica no sólo se va a ver afectado con su ingesta el animal que directamente consuma el tóxico, sino indirectamente otros animales que puedan consumir del accidentalmente fallecido o incluso enfermo o debilitado por el veneno que ha entrado en su sangre, continuando así una macabra cadena de muerte, que afecta por tanto o a especies silvestres como a otras propiamente cinegéticas o de compañía.
Es por ello por lo que debe de concienciarse a los pastores, también a los mal llamados “gestores” de algunos cotos de caza, y que son los principales impulsores de estas dañinas prácticas que persiguen tener a raya a depredadores silvestres, particularmente el zorro, como esta actuación tiene una especial incidencia en la biodiversidad y en todo el ecosistema natural.  De hecho el veneno supone el principal factor de mortalidad para especies en peligro de extinción, como las grandes rapaces, con una incidencia muy alta en especies como buitres, alimoches, águilas, milanos y otras rapaces de hábitos carroñeros.

El veneno ha matado en 15 años a 7.000 animales protegidos en España

Según información recientemente hecha pública por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, “por cada águila imperial que se halla muerta por ingestión de veneno, puede haber hasta nueve ejemplares que caen por la misma causa y que no se detectan”, lo que pone de manifiesto la incidencia del veneno en la fauna silvestre, hasta el punto de que en las conclusiones del Grupo de Trabajo de Ecotoxicología, dependiente de este ministerio, a pesar de que la colocación de cebos envenenados es una práctica prohibida desde hace casi 20 años por las leyes de conservación de la naturaleza nacionales y autonómicas, y tipificada como delito por el Código Penal, se destaca como cerca de 7.000 ejemplares de especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas han perecido en 15 años bajo los efectos de cebos envenenados, también llamados ponzoña, que fueron colocada en el campo, que además se estima que acabaron también con otros tantos animales de especies no amenazadas como zorros y otros carroñeros, además de estimarse que han afectados a unos 3.000 perros asilvestrados, de caza o de pastores en estos últimos años.

200 animales afectados por cebos envenenados en poco más de dos años en la provincia de Granada

En un informe pericial que consta en la causa penal abierta contar el pastor de Castril que ha sido condenado por la muerte del quebrantahuesos “Segura”, y del que es autor Borja Nebot Sanz, Jefe del Servicio de Gestión del Medio Natural  y que aparece fechado al 7 de mayo de 2008 y que tenía como objeto informar de la repercusión posible en el medio natural del uso de venenos en el Parque Natural de Castril, en que fue sorprendido el pastor infractor, se dan a conocer unos interesantes datos estadísticos  que ilustran de las especies animales que se han visto afectadas por la ingesta de veneno desde el año 2005 en la provincia de Granada, que incluye a un total de 28 especies diferentes, siendo la mayor incidencia para el zorro (62 ejemplares muertos) seguidos muy de cerca por el perro (60 ejemplares muertos) y de especies como el tejón (9 ejemplares) o el búho real, buitre leonado o gato montés (con 8 ejemplares en cada uno de los casos), incluyendo especies tan variadas como palomas, arrendajos, lechuzas, garduñas, ginetas, jabalí. etc. además de reptiles y anfibios como el galápago leproso y el lagarto ocelado o ranas, amén de especies domésticas como cabras, ovejas o gallinas.
Dolo eventual

Los autores de algunos de estos hechos, que han sido condenados por los Tribunales, se sorprenden de que se les acuse de la muerte de una especie protegida, cuando ellos “sólo querían matar zorros” -por citar una frase exculpatoria real- y es que en estos casos los Tribunales vienen aplicando la doctrina legal del llamado dolo eventual, en el que si bien el autor -o colaborador- de la colocación del cebo envenenado no ha querido matar a una especie protegida, que evidentemente no le molestaba en sus intereses, cinegéticos o ganaderos, y a la que no iba dirigida su actuación criminal admite, y no lo rechaza, que pueda terminar muriendo por la ingesta cualquier otro animal, aunque no le parezca factible que ocurra así, de modo que en casos como éste la Sala segunda del Tribunal Supremo ha seguido la denominadas  teorías de la dogmática, de la probabilidad, del sentimiento y la teoría del consentimiento, pero dando más relevancia a esta última por resultar, fundamentalmente, la menos equívoca, en la que el conocimiento de la probabilidad del evento, junto al deseo o sentimiento de que el mismo no se produzca, no obsta para que el sujeto activo acepte porque consiente tal consecuencia (dolo eventual), de manera que el autor preferiría que el resultado no se ocasionara pero, de ser inevitable su producción, la asume, sin desistir de la acción que pueda causarlo, admitiendo por tanto las consecuencias dolosas de su actuación y con ello la probabilidad de que pueda afectar a especies protegidas de la fauna, en casos como éste. 


Penas que pueden alcanzar los tres años de prisión


El artículo 336 del Código Penal, resulta aplicable en estos supuestos, precepto que contempla como  “El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años. Si el daño causado fuera de notoria importancia, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior”, lo que supone, a tenor del artículo 70.1 del C.P. que pueden imponérsele hasta 3 años de prisión


  * José Ángel Rodríguez Sánchez, ha actuado como abogado de
la acusación particular,  en nombre del Ayuntamiento de Castril,
en la causa penal seguida contra el ganadero que ha sido condenado
 por el ilícito uso de veneno en el Parque Natural Sierra de Castril en enero de 2010.
http://www.joseangelrodriguezabogados.com/


jueves, 15 de enero de 2015



LA SOCIEDAD DE CAZADORES “LA PERDIZ” DE BAZA CONDENADA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA POR VULNERAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UN SOCIO

Por José Ángel Rodríguez Sánchez*

Paisaje del Parque Natural Sierra de Baza (Granada)

Con el pretexto de que el socio Luis Moya Martínez había pedido la baja voluntaria en la sociedad de cazadores “La Perdiz” de Baza, se le expulsó irregularmente de la misma, sin tramitar expediente de tipo alguno y en contra de la voluntad del asociado. Un extremo que la Audiencia Provincial de Granada, Sec. 4ª, nº 266/2014 de fecha 31 de octubre de 2014,   da por acreditado, destacando que sin tramitar expediente alguno, como procedía y estaba previsto en los estatutos sociales, lo dieron ilegalmente de baja: “En el caso de autos, si bien es cierto que en la Junta General ordinaria de la Sociedad, celebrada el día 28/06/2013 se acordó la incoación de expediente disciplinario, la realidad es que luego no consta que efectivamente se aperturara ni se adoptase medida alguna antes de la comunicación de su baja el 23/09/2013” –dice la sentencia- la que igualmente destaca que cuando en el mes de agosto de 2013 acudió a las oficinas de la sociedad a solicitar su tarjeta de caza “se le denegó sin sustento procedimental alguno y luego se curso su baja voluntaria, sin que aparezca prueba suficiente que evidencie solicitud al respecto”.

La sentencia, que ya es firme y contra la que no cabe ningún otro recurso, termina por reconocer vulnerado el derecho fundamental de asociación de Don Luis Moya Martínez por la Sociedad de Cazadores La Perdiz C.D. y declara la nulidad del acuerdo de baja como socio del mismo, el que deberá ser repuesto en sus derechos y obligaciones tal y como venía siendo anteriormente, con condena en costas de la 1ª Instancia a la sociedad de cazadores demandada.


Expulsado por pedir las cuentas


Se da la circunstancia de que el Sr. Moya Martínez mantiene que fue expulsado de la sociedad de cazadores por pedir las cuentas de la misma y venir cuestionando las costosas e ilegales sueltas de perdices que ha venido efectuando en los últimos años esta sociedad de cazadores en la Sierra de Baza, por lo que fue apartado de la misma unilateralmente, al convertirse en un socio incómodo para la gestión particularista de esta sociedad de cazadores, cuya gestión cinegética de la Sierra de Baza ha sido ampliamente cuestionada desde muchos sectores de la población local, también desde nuestra asociación hasta el punto de darles el premio de Serranos Más Impopulares del Año 2013, por su nefasta gestión cinegética de la caza en la Sierra de Baza. Todo ello con el resultado de apartarlo unilateralmente de la sociedad de cazadores, impidiéndole la caza en los terrenos gestionados por la sociedad de cazadores durante más de dos años. Una actuación que ahora la Audiencias Provincial de Granada ha declarado fue ilegal, lo que además de tener que pagar todas las costas del juicio, le podrá generar una importante petición indemnizatoria a esta sociedad por su irregular actuación.

* José Ángel Rodríguez Sánchez, ha actuado como abogado del cazador irregularmente expulsado por la Sociedad de Cazadores “La Perdiz” de Baza, en el recurso de apelación seguido en la Audiencia Provincial de Granada